La celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre marcó un antes y un después en la vida política y social catalana. Tras lo acontecido, varias familias denunciaron presuntos casos de adoctrinamiento en tres escuelas de La Seu d’Urgell (Lleida). Hoy, los ocho docentes investigados han declarado ante el juzgado de instrucción número 1 de esta ciudad, y lo han hecho acusados de un presunto delito de incitación al odio. Tras sus declaraciones, el juez ha decidido mantener el estatus de ‘investigados’ y seguirá investigando los casos denunciados.
Según las denuncias presentados por tres familias, los docentes habrían adoctrinado a sus alumnos y uno de ellos, habría sido “insultado y humillado” por el simple hecho de ser hijo de una agente de la Guardia Civil. Las denuncias –posteriores al 1 de octubre- también apuntarían presuntos casos de agresiones fuera del recinto escolar por parte de sus compañeros. Cabe recordar que los profesores denunciados son el director y cuatro maestros del colegio Pare Albert Vives; el director y un docente de la escuela Pau Claris, y la directora de La Salle de La Seu d’Urgell. Según fuentes judiciales, los investigados han negado los hechos.
No es la primera vez que se habla de presuntos casos de adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Sin ir más lejos, el pasado 18 de octubre, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera presentó una ley para crear una agencia independiente para garantizar la neutralidad ideológica y política del profesorado catalán. Antes de la presentación de dicha iniciativa, Rivera ya presentó una moción en el Congreso de los Diputados contra el adoctrinamiento en Cataluña. Finalmente la medida no recibió el apoyo parlamentario pero sí que sirvió para abrir un debate acerca de la neutralidad de los docentes, sobre todo a raíz de la celebración del 1 de octubre y de la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
