AMAYA LARRAÑETA
- Este jueves el Congreso de los Diputados aprueba las 200 medidas del Pacto de Estado y una financiación de 1.000 millones en cinco años.
- Finalmente las madres de hijos asesinados por sus padres también serán consideradas víctimas de las violencia machista por el Estado.
- Lo que no se incluyen son indemnizaciones como en terrorismo, la consideración de víctimas para mujeres prostituidas o acciones por contra el acoso sexual.
Este jueves el Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar este jueves el pacto de Estado contra la Violencia de Género que emanó de la subcomisión de Igualdad de la Cámara Baja. Son 212 medidas, jurídicas, sociales y educativas, para erradicar una lacra que se ha cobrado ya 40 vidas de mujeres en lo que va de año. El presupuesto para su implementación será de 1.000 millones de euros, en cinco años.
El pacto de Estado, una vez aprobado, irá a Consejo de Ministros y después se dará cuenta a las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organizaciones sindicales. La primera medida en consonancia con el acuerdo ha sido la aprobación de un presupuesto de 15 millones para renovar las pulseras con las que se controla que los agresores no rompen el perímetro de seguridad de las mujeres. Los nuevos detectores tendrán tecnología 4G, estarán disponibles en primavera, y permitirán detectar mucho antes las rupturas de órdenes de alejamiento, un quebrantamiento que preocupa a la judicatura y al Defensor del Pueblo.
Finalmente, el pacto también incorporará como víctimas directas de la violencia de género a las madres de los hijos asesinados por sus padres en venganza por una separación. Su incorporación en el último momento fue solicitada por el grupo socialista en el Congreso, que convenció al resto para que mujeres como Ruth Ortiz, a quien José Bretón asesinó a sus hijos Ruth y José, puedan, por ejemplo, recibir asistencia psicológica.
Sin embargo, los grupos parlamentarios de la oposición han presentado un total de 72 enmiendas al pacto con todo aquello que echan en falta:
1. Equiparación a víctimas del terrorismo. El nuevo pacto valenciano contra la Violencia de Género recoge cerca de 300 medidas para situar la violencia machista como un problema social estructural. Aprobado hace unos días, entre sus novedades destaca la equiparación de las ayudas a las víctimas con las que perciben los muertos por atentados terroristas. Esto implica que las ayudas pasen de los 6.000 euros actuales a 75.000. Esta medida, sin embargo, no entra dentro del plan nacional que se aprueba hoy, aunque el grupo Compromís ha solicitado en una de sus enmiendas puntuales que así sea.
2. Artículo 416 de la LEC. Varias de las comparecientes en las sesiones de expertos sobre el pacto defendieron la idea de modificar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite no declarar a la víctima contra su agresor. La propia Fiscalía propone mantener esta prerrogativa, excepto en los casos de las víctimas de la violencia de género. El acuerdo ha concretado, sin embargo, seguir debatiendo sobre la reformulación legal, con una nueva comisión de expertos.
3. Combatir el machismo. Para el exdelegado del Gobierno de Violencia de Género, Miguel Lorente, el plan recoge «tantas cosas y tan imposibles» pero además «le falta perspetiva para combatir el machismo». El grupo Unidos Podemos también cree que al pacto le falta «visión integral» del problema, que no se identifican correctamente las formas y los ámbitos en los que se da la violencia machista. Lo que Lorente lamenta es que se dude y se cuestione tanto a las víctimas y pide apertura de miras. «No se puede combatir solo incidiendo en unas cuantas zonas oscuras. Es como si tienes una pared desconchada y solo tapas los desconchados más llamativos. Se mejora, pero eso no hace blanca la pared». En este sentido, el pacto valenciano ha incorporado «la promoción de los valores de las nuevas masculinidades para generar nuevos referentes de hombres», así como la reeducación y reinserción de los agresores machistas. También el PSOE pide una estrategia contra el sexismo.
4. Agresiones sexuales: El grupo Unidos Podemos en el Congreso echa en falta un apartado dedicado a las agresiones sexuales, a las que les encuentran un claro matiz de género. Aseguran que introducirlas en el pacto de Estado ayudaría aumentar las denuncias de un tema tabú y por tento invisible.
5. Plan integral sanitario. Una vez más, el exdelegado del Gobierno es quien considera que hace falta un plan de abordaje desde lo sanitario de la violencia de género. «Ponemos las soluciones allá donde no van las mujeres, en Justicia, pero no en Sanidad, que sí acuden y en un 20% más las que sufren violencia machista», dice este experto. Él plantea que desde el ámbito de la medicina familiar se aproveche para plantear este tipo de temas con todas las mujeres que acuden a consulta.
6. Acoso sexual en el trabajo. La secretaria de Igualdad de UGT, Cristina Antoñanzas, ha reclamado protocolos por acoso laboral y sexual en las empresas y que entren en la negociación de los convenios colectivos, con el fin de poder llegar a las mujeres que trabajan en pymes, donde no hay obligación de tener planes de igualdad y que son una mayoría en España. Entre 2008 y 2015 sólo 49 hombres fueron condenados por acoso sexual en el ámbito laboral, de 2.484 denuncias, lo que constata la dificultad de denunciar este maltrato, por «miedo al despido» y porque se pone en cuestión a la víctima. El pacto recoge este tipo de agresiones en el sector público pero no en el privado, y espera que se pueda modificar en una enmienda.
7. Prostitución. Grupos como Unidos Podemos creen que debería haberse incluido la prostitución como violencia contra la mujer. Compromís ha considerado que faltaba prohibir expresamente la publicidad de la prostitución entre las medidas adoptadas. El PSOE ha pedido que se prohíba todo proxenetismo, consentido o no por las mujeres, para poder luchar contra la industria de la prostitución.
8. Custodia de los hijos. La Fiscalía en sus intervenciones en la subcomisión insistió en la necesidad de proteger a los menores, alegando que un padre maltratador no puede ser un buen padre. Los operadores jurídicos han de tener formación específica con perspectiva de género, lo que conduce a revisar el tema de los Puntos de encuentro familiar, propuso. El PSOE ha presentado una enmienda para que se estudie si la custodia compartida impuesta judicialmente, y sin acuerdo de las partes, puede suponer una expresión de violencia de género.
9. Violencia patrimonial. El grupo socialista también ha solicitao la inclusión en el pacto del concepto de violencia patrimonial. En concreto ha solicitado que se defina y se legisle. Y propone la creación de un registro de sentencias por incumplimiento de las pensiones alimenticias.
10. Seguimiento y vigilancia. Algunas voces lo que reclaman es una correcta vigilancia de su efectividad. Como Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres que pide «más que aumentar la lista de medidas, mecanismos de comprobación de los efectos». En principio se va a crear una comisión mixta Senado y Congreso para su seguimiento, del que también se encargará el Observatorio estatal de la Violencia de Género, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
«Lo importante es que esto no se acabe aquí. La experiencia lo que nos dice es que en violencia de género lo que surgen son problemas sobrevenidos, y más que las cuestiones de fondo u otros tipos de violencia que no se incluyen, lo relevante es que se apliquen pruebas de calidad a la Justicia», asegura Soleto. La portavoz de Fundación Mujeres reclama estudios sobre aquellos juzgados con altos porcentajes de sobreseimientos en violencia de género. Y ve con preocupación cómo algunos juzgados no están teniendo en cuenta las denuncias de malos tratos post demanda de divorcio, por considerarlas de interés espúreo. Como conclusión, respecto al pacto pide en lugar de más medidas, que las que hay realmente se cumplan y «que conduzcan a los efectos deseados: este que las mujeres adecuadamente protegidas y se erradique la lacra de la violencia machista».
