Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado, asentado en la zona sur de Tenerife, dedicado a la falsificación documental y la estafa. Han sido detenidas siete personas que habrían obtenido alrededor de 1.500.000 de euros de más de cincuenta víctimas. Los estafadores contactaban con los perjudicados para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso, pero una vez que éstos se hacían cargo de los gastos de los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero empleado por las víctimas para las supuestas transacciones.
El pasado mes de febrero los agentes iniciaron una investigación relacionada con una serie de operaciones conocidas como reventa de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o time-sharing. Así, se logró identificar a un grupo de personas implicadas en supuestos fraudes, todos ellos residentes en Tenerife.
Supuestos compradores
Los estafadores contactaban con las víctimas para ofrecerles la mediación en la venta de los derechos que éstas poseían. Se les indicaba que había un comprador interesado en la adquisición de su bien, y a partir de la aceptación de la propuesta por parte de las víctimas, comenzaba el intercambio de documentos en los que se simulaba la intervención tanto de personas compradoras de tales derechos, como de abogados y notarios en ejercicio en España, lo que aparentaba la garantía de que la operación estaba formalmente cerrada. El abono por la compraventa estaría a disposición de la víctima, una vez fueran cumplidos los supuestos trámites administrativos de liquidación de derechos, tasas, impuestos, etc., todos ellos inventados. Son estos pagos precisamente los que conformaban el presunto rendimiento ilícito, una media de 30.000 euros por persona estafada. Finalmente los supuestos compradores y los intermediarios desaparecían.
Siete personas detenidas
La actuación policial ha concluido con la detención de siete personas, titulares de las cuentas a las que iban a parar los fondos defraudados. Asimismo se efectuó un registro domiciliario en el que se intervino documentación bancaria tal como libretas, numeraciones de cuentas, anotaciones de nombres de usuarios y claves de banca a distancia, justificantes de envíos de dinero a Senegal, un escáner, escrituras notariales, un listado/encuesta de presuntos propietarios extranjeros de derechos de aprovechamiento por turnos y otro material informático.
La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tenerife, la Brigada Local de Policía Judicial de Playa las Américas y la colaboración del Consejo General del Notariado.
