La comida del consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Francisco Granados, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira -almuerzo que tuvo lugar hace unos días en el afamado restaurante Solchaga-, es en las presentes circunstancias una provocación insoportable. Por supuesto, se trata de una impudicia más de las muchas que acostumbra a exhibir, sin rubor alguno, la derecha española.
En el TSJM se viene investigando judicialmente el affaire del espionaje, en el que puede estar involucrado Granados, uno de los principales sospechosos de este tenebroso asunto, según las revelaciones periodísticas aparecidas, sobre todo, en el diario El País. ¿Cómo se justifica por parte de la judicatura que el presidente del TSJM –siquiera para guardar las formas- invitara a comer a quien probablemente acabará compareciendo, de un modo u otro, ante este Tribunal, aunque sea sólo en calidad de testigo?
La patita de Moix
El fiscal jefe del TSJM, Manuel Moix, ya enseñó, de forma más que grosera, su patita de parcialidad, nada más conocerse el escándalo. Absolvió a priori a los presuntos implicados a través de declaraciones suyas a algunos medios de comunicación. Y dos meses más tarde el nuevo presidente, Vieira –miembro naturalmente de la derechista Asociación Profesional de la Magistratura (APM)-, se jacta ahora de su encuentro gastronómico con Granados. Y no contento con ello, Vieira añade que ambos conversaron sobre el caso Gürtel.
Algodón y mimo
En la trama de Correa/Gürtel no se halla Granados, pero sí varios diputados autonómicos, alcaldes, concejales madrileños y un consejero del Gobierno Aguirre, todos ellos imputados por el juez Baltasar Garzón y dimitidos o cesados, aunque con mucho algodón e incluso un cierto mimo. Granados no está, por el momento, pero no hay que descartar que termine estando. Conviene no perder de vista que las vías que conducen al espionaje, a los dossiers y a la invasión organizada de corrupción masiva en el PP -mediante unos tipos tan eficaces como sinvergüenzas- se entrecruzan. Granados es uno de los bastiones en los que se apoya la presidenta. Por cierto, ¿por qué fue él, quien siendo en 2003 un desconocido, presidió la comisión parlamentaria de investigación sobre el tamayazo?
Ni anécdota ni casualidad
La comida en Solchaga, que no es una anécdota ni una casualidad, evoca la intensa amistad –aireada públicamente por Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana- entre el hombre que se ha vestido, durante algunos años, gracias a la fórmula del gratis total y el presidente del TSJV, Juan Luís de la Rúa. Camps cuenta además con el apoyo de su leal servidor Fernando de Rúa, ex consejero de Justicia, del Gobierno valenciano y, en la actualidad, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Una tarde se le fue la lengua en la televisión autonómica valenciana y apenas fue recriminado por ello.
De Rosa y la “línea roja”
Como esta gente no se corta un pelo, De Rosa llegó a decir en el Canal 9 –cuyo director general es un lacayo de Camps y uno de los compadres de Francisco Correa y Álvaro Pérez- que Valencia tiene un gran presidente y que Garzón podría haber cruzado la “línea roja de la prevaricación”. Y aquí ni ha pasado ni pasará nada. Ni en Madrid ni en Valencia. El PP controla buena parte de la judicatura. Recordemos cómo fue archivado hasta el fin de los siglos el caso Naseiro. La plana mayor del PP, hace veinte años, ya salió indemne de aquel affaire. Confía ahora que sucederá algo similar.
Juez y parte
Acostumbrados desde tiempo inmemorial a ser juez y parte, muchos jueces y fiscales siguen creyendo que ellos son una especie de guardianes fieles de un cortijo llamado España, cuyos propietarios son por designio divino los conservadores. De cuando en cuando, muy a menudo, los prelados de la Iglesia recuerdan estas verdades elementales con el fin de que nadie se llame a engaño. Entre togas y casullas, la derecha en este país juega siempre con ventaja.
*Enric Sopena es director de El Plural y colaborador GIRONA NOTICIES.
