El 6 de marzo del año en curso, El Mundo publicó un editorial especialmente severo contra Francisco Camps y, de paso, contra “la dirección del PP”. “Hay cosas que aunque no sean ilegales –sostenía el periódico que dirige Ramírez- los responsables políticos (…) no deben hacer, como recibir regalos valiosos de quienes pueden tener intereses en juego (…)”. “Es necesario –podía leerse- que [Camps] lo demuestre con pruebas”.O sea, que Ramírez hace cuatro meses eludía la persistente cantinela popular sobre “la presunción de inocencia” –de Camps y de otros imputados por el caso Gürtel- y apostaba por lo contrario. El presidente de la Generalitat valenciana –según el diario citado- era quien debía probar su inocencia en el affaire de los trajes. Subrayaba el editorialista que Camps “estaría en una situación delicada” por haber “comprometido su palabra al negarlo todo”. Incluso El Mundo daba crédito a unas declaraciones de José Tomás, el sastre, publicadas por El País, ya que “acrecienta la verosimilitud de que Camps no abonaba siempre sus trajes”.
Evidente satisfacción
Pues bien, ayer, en el editorial de El Mundo sobre el archivo de la causa contra Camps, la decisión adoptada por el TSJCV, era acogida con evidente satisfacción. Y hasta Rajoy era elogiado. A lo sumo, el presidente valenciano recibía pellizcos de monja. Por ejemplo, éste: “Desde el punto de vista político, el archivo no puede considerarse un triunfo completo para Camps”. Triunfo, en todo caso, no cuestionado en absoluto por Ramírez, periodista singularmente veleta, que acostumbra a actuar en función de sus filias, sus fobias y sus componendas. Ramírez es capaz de decir hoy una cosa para poco después decir la contraria.
La farmacia de su mujer
Y, sin embargo, de marzo acá, Camps no ha hecho otra cosa que aferrarse a sus mentiras, a pesar de haber “comprometido su palabra”. Llegó a mentir ante el juez instructor, José Flors, al que intentó engañar diciéndole que había pagado los trajes con dinero depositado en la caja de la farmacia de su mujer. Repetía que tenía “unas ganas locas” de defenderse y de que resplandeciera “la verdad” y ni se defendió ni resplandeció “la verdad”. Lo que sí ha quedado meridianamente claro es que el líder de la derecha valenciana es un tramposo.
Millones en danza
No ha aportado –en todo este tiempo- ni una sola prueba que permita pensar que él había pagado sus trajes. En el auto de Flors –no desmentido en este punto por los dos jueces que ordenaron el archivo- queda expuesto con admirable pulcritud y minuciosidad que los trajes fueron abonados por Álvaro Pérez, el Bigotes, número dos de la trama encabezada por Francisco Correa. ¿No tenían estos sujetos, Correa y Pérez, “intereses en juego”, dato negativo para Camps, según el editorial de Ramírez de marzo? Tenían, Correa y Pérez, en efecto, muchos intereses, millones de euros en danza. La inmensa mayoría de tales intereses se sustentaba en la corrupción.
La prensa afín
El Mundo y el resto de la prensa afín a Génova 13, como ABC y La Razón han procurado silenciar al máximo la conexión de estrecha amistad –relación conocida en toda España- entre el Bigotes y Camps. ¿No hubiera tenido que bastar esta prueba indecorosa para colegir que algo apestaba en el entorno de Camps? ¿Le parece bien, por otra parte, al justiciero Ramírez y, en general, a los dirigentes de los periódicos conservadores, que haya sido el presidente del TSJCV, Juan Luís de la Rúa, íntimo del presidente de la Generalitat, el que haya salvado a Camps in extremis de una debacle de altísimo calado? Este episodio judicial rebasa con creces los límites de la honorabilidad y quiebra un principio elemental. No se puede ser juez y parte a la vez.
El plumero
A los protagonistas principales de esta historia se les ha visto el plumero en demasía. “La adjudicación de contratos no entra dentro de la función de Camps”, proclama el editorial mundial de ayer, haciéndose eco del auto del TSJCV. Sublime ignorancia. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell [Consejo o Gobierno autonómico valenciano] establece en sus artículos 10 al 12 las atribuciones del presidente de la Generalitat y, concretamente, en el artículo 12.1.K dispone: “Impartir instrucciones a los miembros del Consell”.
Las instrucciones
Esta ley señala también que a los miembros del Consell y a los jefes de Departamento les corresponde “Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales presupuestarios”. ¿Cómo cabe decir que en la función del presidente Camps no entra la adjudicación de contratos, si es el presidente el que imparte las instrucciones a sus consejeros? ¿Puede ser ajeno el presidente de un Gobierno a las contrataciones –material extraordinariamente sensible- que efectúan sus subordinados?
No es tonto
Sobre todo, cuando durante años la oposición le ha venido, en el Parlamento autonómico, reclamando a Camps que enseñara esas contrataciones. La respuesta siempre fue negativa. ¿Cómo a los jueces del archivo no les llamó la atención semejante mordaza? ¿No sospechaba nada Camps? Si no sospechaba nada o era tonto o no quería enterarse de la basura interna. Pero Camps no es tonto. Es simplemente embustero.
*Enric Sopena es director de El Plural y colaborador del GIRONA NOTICIES
