A cuatro días de la hipotética celebración del referéndum independentista, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido tomar el control de la situación y ha ordenado el cierre de los puntos de votación “no antes del domingo”. Así lo ha anunciado el auto de la magistrada Mercedes Armas, que también ha aprovechado para pedir que la Fiscalía quede al margen del proceso. “Deberá cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones que hasta el momento viniera sustanciando en relación con estos hechos”, señala la juez. Antes de la decisión del TSJC, estaba previsto que los Mossos d’Esquadra precintaran los colegios electorales antes del sábado. De hecho, la policía catalana ya ha identificado a los responsables de los distintos puntos de votación. No obstante, tras el anuncio del TSJC, los Mossos d’Esquadra contaran con el apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para frenar la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
Evidentemente la decisión del TSJC supone un giro de guión inesperado. Primero, porque la Fiscalía cesa de investigar todo lo vinculado con el 1-O y segundo, porque los Mossos d’Esquadra no se verán obligados a cerrar los colegios antes del 1 de octubre. Además, la decisión tomada por la magistrada Mercedes Armas también quiere subrayar la “coordinación conjunta de todos los cuerpos de seguridad, que deberán prestarse auxilio y apoyo para cumplir lo que aquí se dispone”, añade la magistrada del TSJC. En este sentido, como ya había anunciado la Fiscalía, el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, asumirá el control de la coordinación del dispositivo contra el referéndum independentista. Finalmente, el auto de Armas critica la actitud del ‘Govern’ de Carles Puigdemont asegurando que “el desarrollo de los acontecimientos han evidenciado una clara inobservancia”. A la espera de la celebración de la Junta de Seguridad convocada por el mismo Puigdemont, todo indica que los cuerpos de seguridad harán caso de la decisión del TSJC y “impedirán la apertura y la actividad de establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística”.
