La campaña electoral llega a su fin, y el independentismo sabe que se juega más que unas elecciones. La credibilidad del ‘procés’ está en juego y harán lo que haga falta para evitar la debacle electoral, incluso mentir y hacer el ridículo. Durante los últimos días, los partidos separatistas han aprovechado el cierre de las delegaciones en el exterior para enviar un mensaje distorsionado: el despido de sus trabajadores y la eliminación de unos organismos vitales para la internacionalización de Cataluña. Si bien es cierto que el contrato de los empleados ha terminado, es totalmente falso que las delegaciones supongan el fin del impulso económico de Cataluña fuera de nuestras fronteras. A parte de ser un ente financiado por la Generalitat, su objetivo no era otro que impulsar la tesis independentista al resto de Europa y del mundo. Por lo tanto, estamos ante otro argumento victimista del bloque secesionista. Otro más en la extensa lista del independentismo.
El 1-O es uno de los elementos más utilizados por ERC, Junts Per Catalunya y la CUP a la hora de pedir la confianza de los electores. Desde las filas soberanistas aseguran que las elecciones del próximo jueves son ilegítimas y consecuencia de la celebración del referéndum del 1 de octubre. Además, recuerdan que los comicios se celebraran en un contexto de violencia política, judicial y policial. Hablan de ‘presos políticos’ y defienden que la Audiencia Nacional es un tribunal parcial de origen franquista. El repertorio del independentismo -como siempre- ataca a los que no piensan igual que ellos, y encima creen tener la verdad absoluta. No obstante, las últimas encuestas indican que su verdad ya no llega a tanta gente. La credibilidad va de más a menos y por consecuencia, el independentismo está perdiendo opciones de llegar al poder.
Los independentistas necesitan mentir con el fin de evitar una victoria de Ciudadanos o de cualquier otro partido constitucionalista. Saben que mienten pero tienen que conseguir el máximo número de votos. Son conscientes que las elecciones del próximo jueves son legítimas y legales. Básicamente porque se han convocado conforme a lo establecido por la ley. Evidentemente también saben que en España no hay violencia policial, política o judicial. Las actuaciones de los agentes cumplieron con lo que pedía un juez; los partidos independentistas pueden presentarse a las elecciones sin ningún problema; y la Audiencia Nacional es independiente y nace con el fin de impartir justicia.
La entrada en prisión de los ‘consellers’ cesados por la aplicación del 155 también es un filón para el independentismo. Hablan de ‘presos políticos’ pero saben que no existe tal condición, al menos en España. Según la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso es considerado político cuando ha sido detenido por razones estrictamente políticas y cuando la duración de su encarcelamiento es desproporcionada. Oriol Junqueras y los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural no pueden considerarse ‘presos políticos’. Primero, porque han sido encarcelados por saltarse la ley y no por su ideología. Y en segundo lugar, no son ‘presos políticos’ porque su estancia en prisión viene marcada por la decisión de un juez que considera que hay riesgo de reiteración de delitos. A la espera de una sentencia, Junqueras y ‘los Jordis’ están en prisión como medida cautelar. Una vez más, el independentismo sigue haciendo el ridículo.
