20MINUTOS.ES
- Ha decidido, a petición del fiscal, cursar una orden europea de busca, captura y detención; los exmiembros del Govern serán arrestados y llevados ante el juez.
- Si aceptan entregarse a España, el proceso debería resolverse en diez días; si no lo aceptan, el procedimiento judicial podría alargarse hasta los 60 días.
- La jueza ha decretado prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers.
- Todo sobre el desafío independentista en Cataluña.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido cursar una orden europea de detención contra el expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
Los cinco se encuentran en Bruselas (Bélgica) y no acudieron a declarar este jueves ante el tribunal pese a estar citados como presuntos autores de los delitos de rebelión, sedición y malversación en la causa por el proceso independentista en Cataluña.
La magistrada atiende así a la petición de la Fiscalía, que había reclamado una orden de busca, captura y detención «en el ámbito nacional e internacional», si bien precisaba que se emitiera a las autoridades belgas.
Además, el Ministerio Público argumentaba en su escrito que se han realizado «reiterados intentos de entregar la citación» a los investigados «en su domicilio», así como varias llamadas telefónicas, «a las que se ha hecho caso omiso».
Y añadía que Puigdemont había «manifestado públicamente su intención de no comparecer» y había solicitado, como Comín y Serret, «efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual».
Por otro lado, para el resto del Govern cesado, es decir, para los que sí acudieron a declarar a la Audiencia Nacional, la magistrada decretó prisión: incondicional en el caso de Oriol Junqueras y siete exconsellers, y con fianza de 50.000 euros en el caso del exconseller Santi Vila.
¿Cómo funciona una euroorden?
Es una resolución judicial que se dicta en un país de la UE y que persigue la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona reclamada por la justicia. Se cursa para que dicha persona se enfrente a un juicio o para ejecutar una pena o el cumplimiento de una condena (en principio, no para un interrogatorio).
Es la versión ágil de la extradición y con ella hay una cooperación «directa» entre autoridades judiciales. Los trámites son más sencillos y solo hace falta un único documento, un formulario; se aplica en España desde 2004.
Este procedimiento suprime en algunos supuestos el principio de doble incriminación: aunque en el segundo el país no esté tipificado como delito el que se le imputa al reclamado, no se denegaría la entrega.
Esto ocurriría, por ejemplo, en los delitos de terrorismo, corrupción, secuestro, falsificación, etc. (no están en la lista la rebelión y la sedición). Y también en aquellos delitos para los que la ley penal belga prevea una pena o medida de seguridad privativas de libertad máxima igual o superior a tres años.
La legislación belga dice…
Tras la recepción de la euroorden, el turno será para la justicia de Bélgica.
Según el ordenamiento jurídico de dicho país, los cinco exaltos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución.
Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días. Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.
Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada.
En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.
