No hay día, últimamente, sin que emerjan ante la opinión pública, nítidas y sin ambages, las irrefrenables paranoias populares. Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, ha acusado al Gobierno de usar a los periodistas de “francotiradores”, cada vez que hay detenciones de cargos del PP. Estos “francotiradores” forman parte –según Valcárcel- de la “parafernalia mediática” que potencia los arrestos.
El líder conservador murciano elude, sin embargo, admitir que, más allá de la trama Gürtel, del affaire de los espías de Madrid, que ha sido denunciado por dos altos responsables populares, contrarios a Esperanza Aguirre y de la avalancha de asuntos presumiblemente de corrupción en las Islas Baleares, gobernadas por Jaume Matas –missing actualmente en EEUU-, está la cruda realidad murciana.
Episodios denigrantes
En cuanto a episodios denigrantes, por desgracia, que se encuentran judicializados, Murcia también existe. Valcárcel quita hierro a la situación y afirma que los casos habidos en Murcia acabaron en “libertad sin cargos” o “con pequeños carguitos sin fianza alguna”. Pelillos a la mar, cosas menores, anécdotas irrelevantes. Pero, según subraya el periodista Jesús Pons en Público, “el presidente murciano olvidó (…) que varios alcaldes conservadores (…) siguen estando imputados por graves irregularidades”.
El relato de Pons
Parece pertinente continuar con el relato de Pons: “El regidor de Totana, José Martínez Andreo, mantiene los cargos de prevaricación, tráfico de influencias y violación de correspondencia (…). El alcalde de Librilla, José Martínez, está acusado de cobrar comisiones ilegales, entre otros cargos. Y el de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, fue imputado por malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias (…). En la actualidad, el PP [de Murcia] tiene entre sus filas imputados a cerca de una treintena de personas (…), incluido el ex consejero de Sanidad Francisco Marqués, acusado de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales”.
Recientes adquisiciones
Por su parte, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y persona de confianza de Francisco Camps, ha adjudicado a José Luís Rodríguez Zapatero ser el “responsable de un complot de Estado” contra la derecha y sus principales dirigentes. “Más que un complot es una conspiración utilizando los resortes del Estado”, añadió Costa. “Vivimos una época de clara persecución política”, sentenció. Una época de persecución que, no obstante, a él le ha ido especialmente bien a juzgar por sus recientes adquisiciones: la de un reloj de 4.000 euros o su automóvil Al Infiniti, valorado en 80.000 euros.
Admirable olfato pecuniario
La verdad es que este Costa al igual que su hermano, Juan, el ex ministro y la mujer de éste, Elena María Sánchez Álvarez, tienen un admirable olfato pecuniario o para enriquecerse, lo que le viene en todo caso de familia. La empresa de Sánchez Álvarez –la cuñada de Ricardo- consiguió por ejemplo obtener el contrato para montar el diseño del Congreso del PP en Valencia, hace un año y un mes, y que supuso la consolidación de Mariano Rajoy.
En Boadilla del Monte
Por lo demás, la mujer de Juan Costa obtuvo favores económicos nada desdeñables en otro de sus montajes –un festival internacional de música- gracias al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), cuando era alcalde Arturo González Panero, pringado hasta las cejas en el asunto de Correa y Pérez. Boadilla del Monte es curiosamente el epicentro del caso Gürtel.Ricardo Costa es amigo desde hace años de Francisco Correa y de Álvaro Pérez, el Bigotes. ¡Pobrecito Costa, perseguido por un complot de Zapatero!
*Enric Sopena es director de El Plural y colaborador de Girona Noticies.
