Tras una maratoniana sesión de 14 horas, el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, y los sindicatos suspendieron hasta el domingo por la tarde la negociación para desconvocar la huelga de los funcionarios de Justicia que demandan mejoras salariales.
«La cosa va bien, ha costado mucho como no podía ser de otra manera, pero estoy casi convencido que volvemos a las dos (de la tarde) y salimos de aquí con un acuerdo, que es lo que yo creo que la sociedad y los trabajadores nos demandan», dijo el representante de UGT Julio Lacuerda, al finalizar la reunión a las 6 de la mañana del domingo.
Desde el Ministerio, se ha valorado la buena recepción de la última oferta efectuada, que podría desbloquear un conflicto que se prolonga ya dos meses y que ha obligado a suspender miles de juicios.
«La reunión se ha celebrado en un clima de trabajo muy favorable. La Administración lleva desde primera hora de la mañana (del sábado) preparando esta reunión y desde las cuatro (de la tarde) reunida con los sindicatos, como ven ustedes han sido muchas horas de trabajo. La oferta última de la Administración ha sido recibida de modo positivo por las organizaciones sindicales», dijo Ángel Arozamena, director general de relaciones con la Administración de Justicia, al término del largo encuentro.
La negociación se ha centrado en el incremento salarial y en la recuperación de horas de los funcionarios para desatascar los juzgados tras la prolongada huelga, ya que el paro ha paralizado trámites ordinarios como registros de nacimiento, bodas o defunciones, así como numerosos trámites administrativos, como la concesión de ayudas de maternidad o paternidad.
El ministerio ha ofrecido un incremento de 190 euros mensuales, según diversos medios, a unos funcionarios que reclaman una homologación salarial con los trabajadores de las administraciones cuyas competencias sí han sido transferidas, y que en un principio solicitaban una subida de 200 euros.
Al paro están convocados unos 9.500 trabajadores de siete comunidades – Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias -, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
